Palmira es un municipio suigéneris: todo pasa y al final nada
pasa. Podríamos ampliar este enunciado a otras municipalidades o
ciudades con mayor o menor rango poblacional y estaríamos en lo cierto; nos
quejamos siempre de estar profundamente atrasados y en subdesarrollo crónico,
con niveles de indolencia y desidia social que no dan trazas de ser superadas y
todo permeado por un pesimismo que contagia a toda la sociedad.
Sin embargo, los indicadores económicos y sociales para todo el país han
mejorado sensiblemente (vaya paradoja): en las últimas dos décadas la clase
media en Colombia se incrementó hasta un 30% de su población (en América Latina
es del orden del 50%), pero al escudriñar la eficiencia en los indicadores de
la salud contributiva o subsidiada, muy pocos están satisfechos de los logros. El
barril sin fondo de la corrupción y la politiquería en los hospitales públicos
del Valle del Cauca catapultó a congresistas, gobernadores, alcaldes y
otros políticos, como los reales dueños de la salud, aquellos que
tercerizan servicios utilizando mañosos procedimientos, para quedarse con los
altos rendimientos que produce la compra de medicamentos, las nóminas
paralelas, las cooperativas de garaje, “privatizando” y en beneficio de sus
bolsillos las transferencias del sistema general de participaciones, que
girados por la nación terminan en las manos de mafias de cuello blanco
impenetrables - caso SALUDCOOP y otras EPS -, que hoy están
intervenidas.
Así como acontece con la salud, sucede con la educación: población infantil
escolar que no estudia porque es “inexistente”, fantasma, pero que
mediante tramposos reportes de los municipios valen sumas cuantiosas que quedan en manos de rectores y secretarios
corrompidos. ¡Casi $200.000 millones, or 98.000 niños! Cuando nos
adentramos en las licitaciones y los procesos precontractuales y
poscontractuales, la situación es más peliaguda: los proyectos y diseños al
detalle de obras públicas o arquitectónicas son un cuento chimbo, no pasan de
ser simples esquemas básicos con ropajes tecnológicos mentirosos, presupuestos
poco serios y cronogramas de obra que jamás se
cumplen. Las interventorías son antitécnicas y el amangualamiento de
profesionales sin seriedad en el control y seguimiento de los contratistas a
quienes deben supervisar, terminan en una sarta de obras adicionales por fuera
del contrato inicialmente adjudicado y reajustes de precios y de tiempos de
entrega de las obras, que no consultan siquiera las pólizas que las respaldan.
Es, en otras palabras, el imperio del desorden mejor organizado para “tumbar”
al estado, para esquilmar el pago de nuestros impuestos…… y al final, nunca
pasa nada.
La impunidad campea: de 100 demandas impetradas en fiscalías por peculados,
celebración indebida de contratos etc., solo cinco llegan a feliz término y el
papel que juega el poder municipal para recuperar el patrimonio público
defraudado (acción de repetición, ley 678 de 2001, arts. 4, 5 y 8), jamás se
utiliza y el alcalde que se fue y el alcalde que lo sustituye se arropan con
el silencio cómplice de la sociedad, que en el rebusque del día a
día muy poco se interesa a donde fueron a parar sus impuestos, quienes se
enriquecieron con ellos y cómo los utilizarán en las próximas elecciones. ¡Todo
pasa y nada pasa!: seguimos siendo el pueblo más feliz del mundo.
Palmira, noviembre 15 de 2012
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