Periodismo amenazado

El pasado 9 de febrero se celebró el día nacional del periodista. En Palmira el evento pasó sin pena ni gloria y de él nos enteraremos por el “Boletín Oficial” del gobierno, aplicado y disciplinadamente a ser leído por los informadores de los medios, sin agregar o quitarle una coma. Palmira vive una crisis informativa y de opinión, producto de la entrega libidinosa del noble oficio a los centros de poder. Ello contrasta con lo celebrado el 21 de enero, al firmarse la Declaración de Chapultepec por los mandatarios - alcaldes de capitales y gobernadores -, actuando como testigo el presidente Santos. La Sociedad Interamericana de Prensa – SIP- comprometió a estos mandatarios en la defensa de las libertades públicas y nuestro presidente – citando a Thomas Jefferson, - expresó: “No puede haber un buen gobierno sin absoluta libertad de prensa”. Como anticipo de la Declaración de Chapultepec, Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de laComisión Interamericana de DD.HH (Diario El Tiempo, abril 13 de 2012), expresa que la CIDH busca “que se despenalice la libertad de expresión en informaciones u opiniones de interés público (…) la gente que opina sobre servidores públicos debe tener la seguridad de que no la van a meter a la cárcel por eso”. La comisión expresa que en el debate de interés público no debe interferir el derecho penal, pues genera un efecto inhibitorio en el periodista. “¿Quién va a hacer investigación periodística sobre corrupción si sabe que puede ir a la cárcel por eso? Cuando un funcionario se somete a votación popular o asume un cargo en el Estado, acepta que está en la mira de la opinión, pues maneja o recibe recursos públicos”, dice C. Botero. Y remata: “la tercera amenaza (a la prensa libre) es el uso de las facultades del Estado para “premiar” a medios que son cercanos al poder y castigar a los independientes y críticos, como en caso de asignación de publicidad oficial”. Volviendo a la firma de la Declaración de Chapultepec, Santos (el presidente – periodista), aconsejó a los alcaldes: “asuman la crítica como un baldado de agua fría que los despierta, para que se den cuenta si están haciendo bien las cosas”. Jaime Mantilla, presidente de la SIP, expresó que persisten preocupaciones en la seguridad jurídica y personal de los periodistas colombianos. “Es preocupante el aumento de demandas por injuria, como un instrumento de presión contra los medios de comunicación”, manifestó. La elección popular de alcaldes y lo sucedido con algunos, auténticos manipuladores de la opinión pública por mano ajena (periodistas de cabestro), coloca a los medios de ciudades intermedias en una lamentable situación: informan superficialmente; eliminan cualquier rastro de crítica nacida de la opinión ciudadana; desoyen y ni siquiera replican o controvierten investigaciones contra la gestión oficial, simplemente para aplicar un pacto de honor: “hagámonos pasito, yo te califico bien como gobierno y tú me cancelas la pauta publicitaria”. Este perverso ejercicio de poder fracturado, de sellamiento de alianzas económicas y de amangualamiento para que la opinión libre sea desconocida, coloca en riesgo la democracia: no existe oposición política ni periodística. Palmira es otro idílico paraíso terrenal, mientras convivimos con una tasa de 107 homicidios /100 mil habitantes, los hospitales públicos colapsaron y las investigaciones fiscales, disciplinarias y penales ni las reciben – y menos aún se fallan eficazmente -, pues los anaqueles y archivos no dan abasto y las prescripciones de procesos son corrientes y/o se fallan desganadamente, 10 años después. Para terminar, transcribo 4 de los 10 principios de la Declaración de Chapultepec: 1. No hay personas ni ciudadanos libres sin libertad de expresión y de prensa. 3. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos la información del sector público. 6. Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores por lo que escriban. 10. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público. ADENDA: me solidarizo con el columnista del diario El País, Julio Cesar Londoño, “cotudo” como yo y asediado por una tutela de Ubeimar Delgado. Seguro no irá de carcelazo, así como yo me defiendo de denuncias impetradas por poderosos “cacaos”, que no quieren que su pasado los roce siguiera el pétalo de una rosa.

Palmira, Febrero 11 de 2013